Pronunciamiento ante la inconveniencia de aprobar una nueva Ley de Aguas / Grupo Orinoco
El Grupo Orinoco –integrado en parte por profesionales venezolanos expertos en los asuntos del agua, a nivel nacional e internacional– ha analizado el proyecto de Ley Orgánica de Aguas, actualmente considerado por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, y ha concluido que de ser aprobado no contribuirá a aumentar la seguridad hídrica, ni ayudará a revertir el grave deterioro de los servicios de agua potable y cloacas, ni a evitar la degradación de las cuencas hidrográficas del país. Las principales conclusiones del análisis realizado son las siguientes:
1. El proyecto de Ley Orgánica de Aguas propone la creación de un complejo entramado institucional entre las autoridades del poder central, los poderes territoriales y diversas instancias del poder popular, que no ha sido puesto en práctica con éxito en ningún otro país. En este sentido, se concluye que el proyecto en cuestión es una innovación legislativa improvisada que no encuentra respaldo en las mejores prácticas conocidas, incluso, por ejemplo, en las contenidas en la Ley de las Aguas Terrestres de Cuba de 2017. Por lo tanto, se considera que la implantación del proyecto de ley es inconveniente, y por lo tanto su eventual aprobación agravará la inseguridad jurídica del sector agua en Venezuela, la cual se origina, en parte, por la falta de reglamentación de La Ley de Aguas y la Ley Orgánica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento aprobadas en el 2001 y 2007. Estas últimas leyes tienen la aprobación de la mayoría de los expertos, por considerar que aportan un marco jurídico moderno y bien concebido, cuyos beneficios no se han hecho sentir todavía por la mora en su instrumentación y reglamentación.
2. La precariedad de los servicios de agua potable que afectan el país actualmente, es en parte una consecuencia directa de la falta de inversiones dirigidas a la reposición y expansión de infraestructuras que han rebasado su vida útil, y de los limitados presupuestos asignados para el mantenimiento y operación de los servicios. Con base en la experiencia de otros países de la región latinoamericana, los recursos financieros necesarios para un programa de inversión generalmente superan las asignaciones presupuestarias factibles de obtener y de los recursos que puedan aportar los usuarios por medio de tarifas. Por ello, se necesitarán financiamientos que solo se obtendrán con garantías adecuadas, un marco legal claro y predecible e instituciones idóneas. Consideramos que el marco jurídico establecido en las leyes antes mencionadas, utiliza principios reconocidos internacionalmente, que, con la reglamentación necesaria, podrían apalancar la obtención de financiamientos importantes en los próximos años, lo que no se lograría de ser aprobado el proyecto de ley orgánica actualmente en discusión.
3. El proyecto de Ley Orgánica de Aguas en consideración, no responde a los impactos predecibles del cambio climático en Venezuela. Sabemos que todos los modelos climáticos concluyen que el norte de Suramérica sufrirá las peores consecuencias de la variabilidad climática, con una marcada afectación del régimen de lluvias, aumento de la evaporación, prolongación de las temporadas secas, y un incremento significativo de lluvias de alta intensidad que generarán inundaciones torrenciales. El proyecto de Ley no aborda estos temas con la necesaria urgencia y prioridad. Por ello, se estima que es fundamental generar y garantizar el acceso a información confiable que permita activar mecanismos de alerta temprana para prevenir y mitigar los impactos de las inundaciones y para atender las sequías que serán cada vez más recurrentes en el norte del país donde se concentra el 80% de la población.
Basados en el análisis realizado se considera inconveniente aprobar el proyecto de ley orgánica propuesta. En su lugar, se propone hacer de inmediato los ajustes que sean necesarios al marco jurídico aprobado en 2001 y 2007 con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica del país, sustentado en un marco jurídico claro y predecible que facilite movilizar los recursos financieros que necesita Venezuela para recuperar y ampliar su infraestructura hídrica, mejorar los servicios de agua potable y saneamiento, y atender adecuadamente las inundaciones y sequias derivadas de la contingencia climática.
Los profesionales del agua vinculados al Grupo Orinoco se ofrecen para asesorar ad honoren a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional con base en la adaptación de buenas y reconocidas prácticas internacionales a la situación concreta de Venezuela.
Fuente: www.grupoorinoco.org
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